Otro criterio esencia es que el país requerido debe avalar que los derechos fundamentales del individuo no serán vulnerados, evitando la extradición si existe el peligro de que enfrente la pena de asesinato, tortura o tratos inhumanos en el país solicitante.
La extradición por delitos políticos puede ser rechazada en virtud de principios internacionales que protegen los derechos humanos y garantizan un trato preciso a los individuos acusados.
La doctrina luz “delitos políticos puros” a los que son delitos contra la ordenamiento política interna y el gobierno de un Estado, y que no contienen elemento alguno de delincuencia popular y por otro ala están los llamados “delitos políticos relativos” que son infracciones en las cuales un delito popular está involucrado o conectado con el acto inspirado en un móvil político.
El objetivo principal de la extradición es garantizar la cooperación entre países en la lucha contra el crimen y la Neutralidad penal, permitiendo que los delincuentes no queden impunes y sean llevados frente a la Ecuanimidad en el país donde cometieron el delito.
Actualizado: 09/10/2023 Una de las manifestaciones de la soberanía de un Estado es la extradición, a través de la cual este puede entregar o no a una persona a otro Estado para su enjuiciamiento, o para el cumplimiento de una condena. A continuación explicamos todo lo que hay que entender sobre la extradición.
El principio de licitud establece que la extradición solo puede hurtar a cabo si todos los requisitos legales involucrados en el proceso se cumplen.
Período gubernativa: aunque la Audiencia resuelva favorablemente sobre la extradición, es el Gobierno quien decide la entrega de la persona reclamada puesto que la decisión procesal no es vinculante view para el Ejecutor.
Principio de doble incriminación: el delito del que se acusa a la persona cuya extradición se solicita tiene que estar tipificado como delito en el Estado solicitante y el solicitado.
La procedencia es el procedimiento contencioso por el cual una persona es detenida en un estado y entregada a otro a fin de ser sometida a Instrucción o para que cumpla la pena a la que fue condenada por Resolución legal basándose todo el proceso en el principio de reciprocidad. La Ralea que regula este procedimiento es la Ley 4/1985 de 21 de marzo de Extradición pasiva.
Algunos países tienen leyes que prohíben la extradición de sus ciudadanos, mientras que otros pueden negarse a extraditar a un individuo si consideran que no cobraría un proceso ajustado en el país solicitante.
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Este tipo de delitos suelen trascender las fronteras nacionales y son considerados de particular importancia en la cooperación internacional en materia penal, por lo que la extradición puede aplicarse en estos casos.
Es importante señalar que la interpretación de lo que constituye un delito político puede suscitar controversia y alcanzar punto a diferentes criterios en cada país.